Las señales y el fondo - Reenvío

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Mi solidaridad con las familias en riesgo en Aruba

Editorial

Amnistía, liberaciones y el estado real de las cosas

Es imposible no conmoverse con cada liberación: familias que vuelven a abrazarse, vidas que recuperan un mínimo de normalidad pese a las cicatrices que quedan. Nadie debería pasar un solo día preso por razones políticas.

Sin embargo, la reaparición de una nueva ley de amnistía obliga a repasar un patrón conocido: anuncios de "apertura" que liberan a algunas personas mientras el sistema que permitió esas detenciones permanece intacto e impune.

Hoy ocurre lo mismo. Causas judiciales que siguen abiertas, como espada de Damocles sobre quienes salen de prisión. Una "libertad" condicionada a presentaciones periódicas ante tribunales, prohibiciones de salida del país, restricciones para expresarse. El objetivo es siempre el mismo: aliviar tensiones puntuales, reducir la presión externa, administrar el desgaste sin modificar la estructura que habilita la represión.

Ahí es donde conviene despejar una confusión que comienza a coger vuelo: llamar "transición" a una simple rotación interna del poder. La historia venezolana ofrece referencias claras. Cuando hubo transiciones reales —incluso desde estructuras autoritarias— se abrieron libertades, se legalizó la disidencia, se convocó al voto, se entregó el poder. Nada de eso ocurre cuando el objetivo es preservar una hegemonía en crisis.

Por eso, cualquier discusión seria sobre la amnistía debe considerar el contexto completo: la conducta posterior del Estado, la verificación de garantías, el cierre efectivo de las causas, la restitución plena de derechos civiles y políticos, el levantamiento de medidas restrictivas y pasos concretos hacia el desmantelamiento del castigo como política de Estado.

Este debate interno coincide con un momento particular en el escenario internacional. En Madrid, durante un foro académico, volvió a plantearse una pregunta que los venezolanos conocemos demasiado bien: qué lugar ha tenido el derecho internacional frente a una crisis tan prolongada como la nuestra. Durante años se produjeron informes, se activaron mecanismos, se sucedieron rondas de diálogo que no condujeron a cambios verificables. La soberanía terminó convertida en coartada y el Estado de derecho siguió ausente.

Hoy el movimiento es distinto, impulsado en buena medida por la acción decidida del gobierno de Estados Unidos. El paso dado el 3 de enero permitió salir del punto muerto en que se encontraba el país. Aunque no despejó el camino por completo, el escenario es radicalmente diferente y apunta hacia la restitución de la democracia. El mundo vuelve a reconocer un liderazgo legítimo en las figuras de María Corina Machado y Edmundo González, respaldados por una ciudadanía que se expresó de manera abrumadora.

En ese escenario, el liderazgo importa. Y lo que se ha visto en las últimas semanas no es una sucesión de actos aislados, sino una secuencia pensada. María Corina Machado ha llevado la causa venezolana a espacios clave, con sobriedad, con firmeza y con una idea clara: esto no gira alrededor de una ambición personal, sino de una representación colectiva, compartida con Edmundo González y sostenida por la mayoría del país.

El contraste es evidente. De un lado, maniobras que buscan ganar tiempo. Del otro, una estrategia que asume riesgos y fija dirección.

La amnistía, las liberaciones y la "apertura" que amaga la dictadura solo adquieren sentido a la luz del tiempo: su credibilidad se juega en los hechos del día después, no en los anuncios diseñados para ganar tiempo.

El momento exige definiciones concretas. Cierre efectivo de causas judiciales. Restitución plena de derechos. Fin de la persecución como método. Instituciones que vuelvan a funcionar y un camino claro hacia el pronunciamiento soberano de los ciudadanos.

Venezuela no necesita alivios episódicos ni relatos acomodaticios. Necesita reglas claras, instituciones vivas y una salida que no dependa de anuncios, sino de hechos sostenidos en el tiempo.

Celebrar cada liberación es un deber moral. Entender el momento completo es una responsabilidad política. En tiempos como este, esa combinación resulta indispensable para no confundir movimientos tácticos con transformaciones reales.