Libertad a plazos

Editorial

La palabra amnistía suele traer alivios. En otros países y en otros momentos ayudó a cerrar heridas, a despejar el camino de una transición, a restituir derechos. En Venezuela, sin embargo, siempre que reaparece lo hace cargada de sospecha. No por lo que significa en abstracto, sino por la forma en que ha sido vaciada de sentido y convertida en instrumento de control.

Hoy, la amnistía en Venezuela se presenta como concesión administrada y pieza de negociación, desligada del reconocimiento del daño y de cualquier idea de reparación. Se anuncia mientras las cárceles siguen llenas. Se promete mientras los expedientes continúan abiertos. Se invoca mientras el poder conserva intacta su capacidad de castigar. Así, lo que debería restituir derechos termina apenas administrando el miedo.

Ya lo hemos vivido. En 2016, la Asamblea Nacional electa por el voto popular aprobó una ley de amnistía que buscaba liberar a los presos políticos y cerrar un ciclo de persecución. Fue anulada por un aparato judicial subordinado al Ejecutivo, dejando claro que, incluso cuando la voluntad ciudadana se expresa con nitidez, la captura institucional impide que la libertad se concrete. Con ese precedente, resulta imposible hoy aceptar amnistías diseñadas desde estructuras que nunca han reconocido su propia responsabilidad.

Desde entonces, cada intento de salida ha venido acompañado de una puesta en escena. Se habla de diálogo, de entendimiento, de reencuentro, mientras el poder conserva intacta su capacidad de decidir quién entra y quién sale, quién respira y quién espera. El lenguaje se vuelve parte del dispositivo: mesas que no deciden, acuerdos que no obligan, gestos que no restituyen. La amnistía no aparece aislada, sino integrada a una lógica más amplia de simulación política.

Las liberaciones han sido parciales, selectivas, reversibles. No responden a una lógica de reparación, sino a presiones externas o a cálculos internos. Se libera a unos para advertir a otros. Se excarcela sin cerrar causas. Se devuelve a la calle a ciudadanos que siguen siendo rehenes legales. La amnistía deja de ser una puerta de salida y se convierte en una cuerda corta que somete al individuo. La libertad deja de ser un derecho y pasa a depender de concesiones discrecionales. Ese es el terreno de la amnistía selectiva.

Esa forma de administrar salidas también obliga a preguntar sobre la responsabilidad política de quiénes toman hoy la palabra y desde dónde lo hacen. Muchos de los que ahora ofrecen fórmulas estuvieron en posiciones de poder cuando se desmontaron las instituciones, cuando se persiguió, cuando se cerraron las vías democráticas. Sin esa memoria, el debate se empobrece y la amnistía corre el riesgo de convertirse en coartada.

Pero el debate de fondo tiene que ver con legitimidad. El mandato ciudadano expresado en julio de 2024 sigue pendiente. No ha sido sustituido, ni cancelado, ni negociado. Mientras ese mandato no sea restituido, cualquier amnistía anunciada desde instancias sin origen democrático carece de la autoridad necesaria para cerrar un ciclo histórico.

Liberar presos es urgente. Hacerlo sin condiciones es una exigencia moral. Pero confundir esas liberaciones con justicia es un error que el país ya ha pagado caro. La justicia comienza cuando se reconocen los derechos conculcados y se desmonta el sistema que hizo de la persecución una forma de gobierno. Todo lo demás son maniobras para ganar tiempo.

La libertad de todos los presos políticos, los exiliados, los agraviados por la represión de la dictadura venezolana solo requiere voluntad real, no nuevas leyes ni gestos solemnes. La amnistía seguirá siendo, en Venezuela, una palabra en disputa: cargada de historia, atravesada por la desconfianza y situada en el centro mismo de la discusión sobre qué tipo de país queremos reconstruir cuando cese la simulación.