No sorprende que, luego de tanta expectativa, el “arranque” de la mesa de diálogo no haya pasado de una llamada telefónica y dos escuetos comunicados. La opacidad ha marcado desde el inicio este proceso: los ciudadanos nos hemos enterado de sus aristas a través de filtraciones a la prensa, y la postergación “para la semana que viene” sigue el mismo patrón: sin fecha, sin transparencia, sin mecanismo conocido.

No sorprende. Lo dije desde Lima, adonde asistí en representación de María Corina Machado y Edmundo González a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori, días antes de que ocurriera: hay un proverbio árabe que establece que cuando te engañan la primera vez, la culpa es del estafador; pero cuando permites que te engañen 5, 10, 20 veces más con los mismos pretextos y los mismos actores, la responsabilidad recae en quien regresa a negociar sin exigir primero resultados tangibles. Venezuela ha sobrevivido más de dos décadas de diálogos que nunca abrieron una sola cárcel. Este proceso deberá demostrar que no es una reedición de lo mismo.

Desde Lima identifiqué las condiciones necesarias: liberación inmediata de los presos políticos, sin comisiones plenipotenciarias ni seminarios interplanetarios; una fecha concreta para elecciones presidenciales legítimas con rectores ciudadanos; actualización del Registro Electoral con observación internacional independiente; fin de las inhabilitaciones arbitrarias, comenzando por restituirle sus derechos a María Corina Machado; y retorno seguro de los exiliados sin la siniestra “ley del odio”. Apelé también a la decencia que le reconozco a Dinorah Figuera desde sus tiempos de concejal en Caracas: que se deje guiar por el Manifiesto de Panamá, avalado por González Urrutia y Machado.

El mismo régimen que durante un cuarto de siglo entregó la soberanía real de Venezuela —el petróleo comprometido con China, las refinerías bajo influencia iraní, el Esequibo abandonado por instrucciones de La Habana, los 700 mil millones de dólares saqueados del patrimonio nacional— no va a negociar voluntariamente su propia liquidación. Una dictadura que expulsó a más de nueve millones de compatriotas no abre mesas de diálogo; las usa para ganar tiempo, para dividir a la oposición, para producir filtraciones convenientes a cuentagotas. La opacidad del 1° de agosto no fue un tropiezo: fue una declaración de intenciones.

Y mientras el régimen perfecciona su coreografía del aplazamiento, los venezolanos en el exterior perfeccionan su futuro. Vi esto con mis propios ojos en Lima: José Miguel construyendo desde cero la cadena Chamo Burger hasta convertirla en franquicia de éxito; Juan Luis Martínez logrando que su restaurante Mérito figure entre los mejores del mundo —hazaña reservada para muy pocos, y más aún en el Perú, referencia universal de la gastronomía—; médicos que al pisar tierra limeña empezaron sirviendo mesas mientras revalidaban sus títulos y hoy dirigen redes de clínicas modernas. Son millones cursando el posgrado más exigente que existe: sobrevivir lejos de la patria, triunfar y no olvidar de dónde vienen.

Esa Venezuela —la que trabaja, aprende, crea y aguarda— es la que va a reconstruir la República. El régimen puede demorar la mesa. Jamás podrá demorar esa reserva.

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