Llevamos más de cinco lustros escuchando que Venezuela es un caso perdido. Que sus recursos son una maldición. Que su gente —esa que cura en hospitales en Bogotá, llena aulas en Madrid, y construye obras en Santiago— es solo el residuo humano de un Estado fallido. Mentira. Lo que falló fue el régimen, no el país.

Miro lo que tenemos y me resulta casi incomprensible el nivel de destrucción deliberada que hizo falta para llegar hasta aquí. Reservas energéticas que siguen siendo un imán para el mundo entero. Tierras fértiles que podrían convertirnos en una potencia agroproductiva. Riqueza hídrica que envidiarían decenas de naciones. Y sobre todo —sobre todo— un talento humano que ha demostrado, en cualquier latitud a la que ha llegado obligado por las circunstancias, que sabe crear, innovar y prosperar. Ese capital humano disperso por el mundo es el que va a reconstruir Venezuela. Y va a volver.

Pero sin Estado de Derecho no habrá reconstrucción. Sin seguridad jurídica no hay inversión. Los capitales miran a Venezuela, sí, con interés genuino, pero esperando una señal clara de cambio antes de aterrizar. Esa señal solo puede venir de una transición real, con legitimidad popular e internacional. Por eso la ruta que viene sosteniendo María Corina Machado es estratégica: solo una elección auténtica puede sembrar los cimientos de la reconstrucción.

Conozco de cerca el mandato popular que respalda este camino: lo vimos en la gesta de las primarias, en los comanditos, en esa épica madrugada del 28 de julio recogiendo actas para blindar la verdad. Esa fuerza está en la diáspora que carga la hendedura de la distancia pero no ha arriado sus banderas. Es esa fuerza —organizada, consciente, sin armas— la que el régimen verdaderamente teme.

Lo que María Corina planteó en Harvard y lo que recoge el Plan Tierra de Gracia es esencial porque sin reconstruir la educación, todo lo demás se cae. Venezuela puede volver a ser el hub energético de las Américas, puede diversificar su economía, puede atraer turismo e inversión. Pero si no devuelve a sus aulas el carácter de santuario del saber —y no de fábrica de adoctrinamiento—, el ciclo está condenado a repetirse. La libertad que estamos construyendo tiene que arraigar en las nuevas generaciones o no será sostenible.

Queremos justicia. Eso sí, nada de impunidad ante tanta crueldad. Y eso también forma parte de la ruta: saber que el día después no será una venganza sino una República. Esa certeza es lo que convierte esta lucha en algo más grande que la caída de un régimen.

Venezuela no está condenada al atraso. Está llamada a ser el Estado número uno de las Américas. Y lo será.

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